[Noticia] "La herida abierta de Son Bosc". De nuevo la irracionalidad de las declaraciones de interés general.

Las obras del campo de golf están muy avanzadas a pesar de que la viabilidad legal del proyecto todavía es incierta.

El pasado martes, PP y UM sumaban sus votos en el Parlament para declarar de interés autonómico el proyecto de campo de golf en Son Bosc (Muro) y permitir la construcción de esta polémica actuación urbanística en una zona de elevado interés ecológico, parte de la cual ya ha sido arrasada por la maquinaria pesada de la promotora a pesar de que la viabilidad del proyecto todavía está en el aire. El motivo es el nuevo escenario abierto por el Govern a raíz del inicio del expediente de ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en la Albufera, una figura de ámbito europeo que protege territorios por su interés ornitológico y que implica la suspensión cautelar de obras durante su tramitación.

Leer resto de la noticia: http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2010/07/22/herida-abierta-son-bosc/588511.html

La ocupación del litoral. Informe Greenpeace "Destrucción a toda costa"

El litoral español es desgraciadamente un caso de estudio de primer orden para estudiar el mal funcionamiento de las instituciones y una prueba evidente de que el crecimiento no implica bienestar para la sociedad, ni que el libre desarrollo de los intereses particulares redunda en el interés general.

El litoral español, como pone de relieve Greenpeace en su último décimo informe “Destrucción a toda costa“ se encuentra altamente artificializado. “En algunas comunidades más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral es costa artificial. Esta presión es especialmente relevante en las playas del arco mediterráneo, donde casi un 60% de las mismas están en entornos ya urbanizados” (pág. 8)

Desde mi infancia, he ido comprobando cómo el litoral alicantino se ha ido hormigonando y ha ido convirtiéndose en una línea continua de edificaciones en primera línea del mar, internándose hacia el interior del territorio por otro mar, pero de mega y microurbanizaciones que se extienden a ambos lados de las numerosas carreteras que se han ido construyendo. Cómo no, urbanizaciones y carreteras han ido de la mano para dar servicio a la masificación puntal que se produce en julio y agosto, pero de escaso uso el resto del año.

El modelo urbanístico carece de racionalidad. “Entre 1990 y 2000 la población española aumentó un 5%, mientras la urbanización lo hacía un 25,4%” (págs. 8 y 9). “Si en 2002 la Generalitat valenciana protegía únicamente 65,5 kilómetros de su litoral (apenas el 15% de sus 437 kilómetros de costa) en 2009, con un 20,6% de su costa protegida en el papel, era la comunidad autónoma con mayor número de espacios naturales amenazados de todo el litoral español.” (pág. 55).

La mayor parte de los casos en la Comunidad valenciana tienen que ver con la recalificación por parte de ayuntamientos de terrenos no urbanizables en zonas construibles y, lo que resulta más llamativo en el ámbito alicantino aunque extrapolable a otros territorios, el crecimiento deslavazado al margen de una visión de conjunto. “La mayor parte de las nuevas viviendas han sido proyectadas a través de Planes de Actuación Integrada (PAI), creados como excepciones a los Planes Generales de Ordenación Urbana, que han pasado a ser la figura más destacada del urbanismo valenciano. En 2000 se habían tramitado ya 1.830 PAI. Justo antes de la celebración de las elecciones autonómicas de 2007, la Conselleria de Territorio daba luz verde a 200 Programas de Actuación Integrada.” (pág. 56).

¿Cómo es posible que incluso gran parte de la ciudadanía considere que el crecimiento es un fin en sí mismo y que el urbanismo continuado es beneficioso?. La conexión entre intereses políticos y económicos, sustentada por un discurso desarrolllista y adormecimiento de la sociedad parece ser parte de la respuesta. “La gran irresponsabilidad de los gobiernos no sólo estriba en haber negado la burbuja inmobiliaria, sino en haberla seguido alimentando hasta el final con potentes desgravaciones fiscales y ocultaciones consentidas de plusvalías, lo que ha promovido la altísima corrupción política y forzado el monocultivo inmobiliario de este país. Sin, además, haber promovido otras actividades o industrias alternativas.” (pág. 7).

Tampoco nos podemos olvidar del marco jurídico que permite la actuación de los “agentes urbanizadores” a los que se les posibilita promover el desarrollo urbanístico de un ámbito sin ser propietarios de terrenos y pudiendo llegar a ser beneficiarios de las expropiaciones de los que sí lo son. Las malas prácticas que se esconden detrás de este entramado de intereses fue objeto de visita e inspección por parte del Parlamento Europeo ante numerosas quejas de ciudadanos europeos (Informe Lauken) y ha sido puesta de manifiesto por asociaciones (Abusos Urbanísticos No) y diferentes plumas conocedoras del territorio (MARTÍN MATEO, CREMADES RODEJA).

El informe de Greenpeace vuelve a poner de relieve la insostenibilidad del uso que estamos dando al litoral como comunidad social. Esperemos que la hoja de ruta que se propone en este informe en torno a cinco áreas (protección del medio ambiente; protección legal y real; hacia un turismo costero sostenible; terminar con la corrupción política; la educación, imprescindible) sea una realidad en breve.

Entrevista [El País] Juez Miguel Ángel Torres

"Hace ahora tres años, el juez Miguel Ángel Torres concluyó el sumario del caso Malaya, una de las mayores redes de corrupción urbanística destapadas en España, que se tejió en torno al Ayuntamiento de Marbella. [...]



Pregunta. Algunos jueces de instrucción se lamentan de que les faltan medios para luchar contra la corrupción, pero ¿no se trata de un mal común en los países de nuestro entorno?



Respuesta. Sí, pero esa insuficiencia de medios es todavía más preocupante en España. Los delincuentes y sus organizaciones están en una situación de absoluta ventaja respecto a los medios del Estado. Hacen falta más medios, personales, materiales y normativos, porque en ocasiones el juez tiene la sensación de que le toca inventar el proceso con escasas herramientas. El Estado está claramente en desventaja para combatir la delincuencia organizada y esos grupos cada vez avanzan más.



P. ¿El Estado está perdiendo la batalla contra la corrupción?



R. Sin duda. Que se hagan de vez en cuando algunas operaciones no quiere decir que se esté combatiendo más la corrupción. Es que cada vez hay más casos y muchísimos de ellos no afloran.



P. ¿Qué debería hacerse para ganar la batalla?



R. Hacen falta juzgados especializados en corrupción y crimen organizado. Y unidades policiales que de verdad estén al servicio de jueces y fiscales. Más medios materiales y mayor respaldo a las actuaciones judiciales y policiales.



P. ¿Empezando quizás por la mayoría de los partidos políticos, que se lamentan cuando sus militantes son los investigados?



R. Sí. Todos los partidos se quejan y critican las decisiones judiciales si les toca a ellos. Y cuando hay cambio de Gobierno pasa lo contrario. En algunos casos los partidos pueden ser un problema si sus intereses no responden al interés democrático. Me parece que en España hay una superación de la democracia por la partitocracia y se hace más política de partido que de Estado. La justicia es un campo de lucha política y se debería respetar más a los jueces.



P. Las actuaciones de algunos jueces no ayudan a mejorar ese prestigio que reclama.



R. Puede ser. Los jueces tenemos una parte de culpa de lo que nos ocurre porque en muchos casos no hemos asumido nuestra posición constitucional e institucional. Lo que no puede ser es que todas las decisiones judiciales se analicen siempre intentando situar al juez en una u otra tendencia política.



P. ¿Cuando habla de cambios normativos quiere decir que no basta con reformar el Código Penal?



R. Exacto. Lo que no puede ser es que en España dure una década la instrucción de un caso. Debería ser más abreviada y que de verdad se debatieran las cuestiones en el juicio. Y es imprescindible una regulación de todos los instrumentos de investigación que limitan derechos fundamentales. Hablo de las intervenciones telefónicas, las entradas y registros, la recogida de las piezas e instrumentos de convicción. No puede ser que todo eso esté sin regular.



P. ¿Se siente representado por el Consejo General del Poder Judicial?



R. Una de las funciones del Consejo debería ser representar y defender a los jueces y yo no me siento ni representado ni defendido.



P. Cuando investigó el caso Malaya estando en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella se dijo de todo por determinadas decisiones que adoptó. ¿Cómo lo vivió?



R. Me sentí poco amparado. Tenía la sensación de que las decisiones que tomaba se veían desde un punto de vista político y podían gustar más o menos a un sector o a otro del Consejo."



Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/Estado/perdiendo/batalla/corrupcion/elpepunac/20100714elpepinac_12/Tes

(14.07.2010)

Cultura de la legalidad, buen gobierno y calidad democrática

¿Cómo es posible que puedan tomarse una decisión tan descabellada?. Esta es la pregunta que más frecuentemente de lo deseable nos hacemos los que escuchamos o soportamos proyectos que afectan a valores ambientales que consideramos socialmente beneficiosos. Hacen falta más leyes, suele ser muchas veces la solución, pero un buen diagnóstico no hará ver en la mayoría de los casos que la legislación existe y que la voluntad política es la variable que decanta la orientación de las decisiones.

En toda sociedad democrática la figura del político es imprescindible. Es político aquel que respaldado por la legitimidad que concede la elección de los votantes y el respaldo de sus decisiones legítimas, decide en última instancia ante intereses y valores en conflicto. El problema estriba realmente en su control que en definitiva está relacionado con la cultura de la legalidad que debe impregnar toda la sociedad democrática.

La Política (con mayúsculas) es el ámbito de lo público donde debemos exigir el contraste de los criterios con los que se toman las decisiones y debe ser el ámbito también (más allá del jurídico) en el que se controle a los políticos. Este planteamiento puede parecer utópico, pero es el que subyace en un Estado democrático. Es el profundizar en ese Estado democrático el que nos obligue a plantear mecanismos de control que vayan más allá del voto periódico porque esa responsabilidad que se nos ofrece cada 4 años no es suficiente, ni ofrece tampoco suficiente feedback al responsable político que le oriente en su labor. Todo esto tarea ardua cuando nos vemos desbordados de información contradictoria que cuesta contrastar.

En el principio de una mejor forma de control se encuentra la comprensión de el Estado social y democrático de Derecho no es un punto de llegada sino que debe mantenerse para que no se degraden sus instituciones. Lo que subyace a una determinada arquitectura institucional para controlar al poder, es la cultura de la legalidad y los valores de lo público, pues no es otra cosa la gestión de los intereses comunes lo que debe hacer la política.

Sin embargo, en toda sociedad de exacerbación del individualismo se crea un caldo de cultivo en el crece poco a poco la corrupción, cohecho, tráfico de influencias, en definitiva conductas atentatorias contra los intereses comunes. Como menciona VILLORIA en su libro sobre la corrupción (2006), el bajo desarrollo moral de una población explica la existencia de corrupción. El desarrollo moral implica el grado de adquisición por una persona de la capacidad de actuar siguiendo principios universales para tomar una decisión moral. Ese compromiso individual comienza con la ética de lo público.

Esas conductas que vamos poniendo en práctica desde pequeños es contrastada con los valores que realmente guían el círculo más cercano, que pueden coincidir o no con lo instituido con letras mayúsculas en los textos legales. Algo así nos puede estar sucediendo, la Constitución señala como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (art. 1.1 CE) y que la dignidad de la persona, los derechos inviolables, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE). Es generalizado el escepticismo de que realmente estemos construyendo con estos mimbres y también es remarcable que en estos escasos años desde la democracia, hayamos perdido en gran parte ese valor de lo público.


Existe una interrelación entre lo que consideramos como Buen Gobierno, Cultura de la Legalidad y Calidad democrática, porque la desafección de la ciudadanía puede generar un mayor oscurantismo en la toma de decisiones que fomente una mayor arbitrariedad política.

Retomando nuevamente a VILLORIA (2010) , en una sociedad fuerte y con lazos interpersonales sólidos, la rendición de cuentas de gobierno es más eficaz y es visible la aplicación de las normas. El punto de partida podría ser el fortalecimiento del capital social. "La confianza generalizada es fundamental para la generación de solidaridad social, cuando la gente confía en general en los demás tiende a sentirse parte de un mismo proyecto y a ser más solidaria. Una sociedad civil con confianza interpersonal ayuda a construir mejores instituciones que, a su vez, producen un mejor gobierno, lo que a su vez produce mayor confianza en las propias instituciones y el propio gobierno. "

Por otro lado, "sólo hay garantías de un Estado de Derecho donde la aplicación de las leyes es pública, donde conocemos nuestros derechos y podemos exigirlos, donde el Gobierno se somete al escrutinio de los otros poderes y de los propios ciudadanos y asume las consecuencias de sus actos. Y sólo es posible la verdadera democracia donde el Gobierno se somete al juicio ciudadano, al tiempo que es controlado en el día a día por órganos competentes y una sociedad civil atenta e implicada."

Todo ello contribuye a una cultura de la legalidad. "Exige que las normas se cumplan, no basta con su existencia, y la forma de controlar el cumplimiento de la normas es asegurando la transparencia en la aplicación del derecho, lo que constituye normalmente un prerrequisito de la revisión judicial. Nuevamente, transparencia, participación ciudadana y control social son imprescindibles para evitar degradaciones."

Probablemente en la mayoría de los problemas que nos afectan sea difícil encontrar ámbitos de consenso, pero un marco institucional que se encuentre inmerso en la cultura de la legalidad pueda ser un instrumento de liderazgo para afrontar los problemas a los que todo grupo humano se enfrenta.